En marzo de 2014 se inició el proceso de investigación contra la corrupción que cambió la historia judicial de Brasil y América Latina. La mayor empresa estatal brasileña ocupó el centro de la investigación Lava Jato, con más de 160 arrepentidos, casi 200 sentencias para 130 procesados con penas de prisión que, sumadas, alcanzan cerca de 2.000 años de cárcel, con decenas de países involucrados y el encarcelamiento de ex presidentes, empresarios y diversos actores políticos.

Odebrecht firmó en diciembre de 2016 acuerdos de colaboración con el Ministerio Público de Brasil y el departamento de justicia americano, en los que reconoció haber pagado coimas en 12 países para funcionarios públicos e intermediarios. En Argentina, asumió el pago al menos de 35 millones de dólares y como parte del pacto de colaboración aceptó desembolsar 2,6 mil millones de dólares pagaderos en 23 años.

Pablo Maggio, el abogado de la compañía en la Argentina, explicó a Infobae detalles de la investigación.

—¿Por qué la empresa guardó silencio hasta el momento?

—Bueno, en realidad nunca guardó silencio, Odebrecht firmó los convenios de colaboración en Brasil e inmediatamente se puso a colaborar no solamente con las autoridades brasileñas sino con las autoridades de todos los países en los que se firmó un convenio y se pusieron de acuerdo los países en reconocer los derechos garantizados en Brasil a la empresa y a sus funcionarios.
En el orden local, nosotros hace poco más de un año comenzamos a hacer las presentaciones en los lugares que entendíamos que corresponden, es decir en las causas penales, con el Estado nacional y con el Ministerio Público. En todos los casos con el objeto de colaborar y buscar las herramientas legales adecuadas para instrumentar esa colaboración.

—¿Es una cuestión de legislación que la Argentina no pueda aceptar esta forma de hacer el acuerdo con la compañía o con el Ministerio Público brasileño?

—No, no es así. La Argentina tiene todas las herramientas legales necesarias para celebrar acuerdos con los colaboradores de Odebrecht y reconocer los derechos que fueron admitidos por las autoridades judiciales de Brasil.
La Argentina y Brasil firmaron y ratificaron un tratado internacional que se llama la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en esa Convención se establece específicamente que los países signatarios se obligan a reconocer los acuerdos celebrados por otros países y las limitaciones al uso de la prueba y aun del secreto de esas investigaciones en el país en el que se celebran los acuerdos. En la Argentina, los tratados internacionales tienen un rango superior a las leyes, de acuerdo a la Constitución nacional argentina, el artículo 75, inciso 22. Es decir, rango superior a las leyes implica que inclusive están por encima de las leyes penales y aun de las procesales. Por un lado. Por el otro, el Código Procesal Penal argentino, que tiene más de 100 años, en su artículo 1º establece que nadie podrá ser perseguido dos veces por un mismo hecho.

—¿Por qué no se firma el acuerdo entre Argentina y Brasil?

—Bueno, la compañía ha hecho las presentaciones del caso. Es decir, ha solicitado en sede judicial el reconocimiento de ese derecho, de esas resoluciones. Esas presentaciones se están tramitando actualmente. Espero que con éxito. En realidad, este no es el ámbito adecuado para discutir las futuras resoluciones no salidas en sede judicial. Y por otra parte, las autoridades brasileñas a través de sus autoridades centrales, en este caso el Ministerio de Justicia de Brasil, ha hecho saber a la Cancillería argentina la existencia de un ofrecimiento de colaboración espontánea.

—¿Argentina debe aceptar lo resuelto en Brasil?

—Esto es así. Las colaboraciones en Brasil fueron prestadas bajo esas condiciones. Es decir, se prestó la colaboración y Brasil se comprometió a no utilizar esas declaraciones ni la prueba considerada como consecuencia en contra de los colaboradores o cualquier otro funcionario de Odebrecht.

—Se divulgaron videos con distintas acusaciones, ¿son válidas esas pruebas en el ámbito judicial?

—Dos cuestiones. Respecto del contenido de estas publicaciones que usted menciona hay que tener en cuenta que en Brasil todas las actuaciones, todas las investigaciones, están llevadas adelante bajo secreto judicial. Por lo tanto me voy a abstener de hacer mención a las declaraciones en sí mismas. Ahora, respecto de la utilización en la Argentina hay que tener en cuenta lo siguiente: los colaboradores en Brasil han prestado declaración renunciando a los derechos de negarse a declarar y de no declarar contra sí mismos. Esos derechos están reconocidos constitucionalmente, por la Constitución de Brasil. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque las autoridades de Brasil se comprometieron a no utilizar eso contra ellos o contra sus funcionarios ni contra la empresa. Por su parte Brasil se comprometió a que eso no se usara ni en Brasil ni en ningún lugar del mundo. Digo que, por lo tanto, la utilización de esa prueba aquí en la Argentina sería inválida.

—¿La ley brasileña está protegiendo a los ejecutivos de Odebrecht?

—No, no, definitivamente no. Fíjese que la Justicia de Brasil justamente lo que ha hecho es condenar a los colaboradores a penas severas de prisión, de inhabilitación y de multa personal. Entonces no se los protege. Punto uno. Punto dos: lo que hace la Justicia de Brasil es cumplir el compromiso que asumieron de no ser utilizados en contra de los colaboradores. Es lo que le permitió a Brasil avanzar en las investigaciones, identificar a los responsables de actos de corrupción y además recuperar fondos.

—¿Por qué la sociedad argentina debería creerle a Odebrecht ?

—El tema a mi gusto es bastante claro, Odebrecht eligió el camino de la transparencia en un momento determinado. Reconoció la existencia de delitos. Remuneró, es decir pagó, por los delitos cometidos. Se comprometió y cumplió en el establecimiento de normas y sistemas muy estrictos de control interno. Y además tiene el monitoreo permanente de funcionarios del Estado brasileño y de los Estados Unidos.

—Cuesta escuchar que una empresa tan vinculada con casos de corrupción, hoy esté en un marco de transparencia…

—El Estado brasileño por un lado le permitía investigar los delitos y por otro lado entendió que con los controles adecuados las empresas se podían reconvertir. Y estableció controles estrictos.

—¿Usted entiende que podemos llegar a tener un Lava Jato Argentina?

—Si me permite, yo creo que no es adecuado comparar el Lava Jato. En Brasil ha sido una investigación exitosa llevada a cabo en un determinado momento, con actores determinados, empresas y circunstancias determinadas y en un contexto histórico. Pretender trasladar el Lava Jato como tal a la Argentina me parece que no es adecuado porque, entre otras cosas, hay diferencias en las legislaciones, en el modo de investigación, que inclusive me exceden. Entonces no me parece adecuado compararlos.

—¿Cuál es el interés de Odebrecht de colaborar en este caso también con la Justicia argentina? ¿Qué es lo que buscan?

—Son muy claros los objetivos de Odebrecht. Cuando celebró los acuerdos en Brasil, entre otros compromisos asumió el de prestar colaboración en todos los países que se vieron involucrados en los delitos que le fueron imputados. Así que esa es la primera razón. Además es una empresa que funciona en el país, en donde trabajan 1.500 personas. Aquí en la Argentina. Y Odebrecht pretende seguir trabajando y proteger las fuentes de trabajo de todos sus empleados.
Por el lado de los colaboradores, lo que pretenden es ni más ni menos que se reconozca el derecho que ellos tienen en la Argentina. ¿Qué derecho? A no ser juzgados dos veces. No se busca, como alguna vez he leído por ahí, impunidad ni algún tipo de privilegio.

—¿Continúan negociando con el Gobierno, la fiscalía y el Ministerio Público este acuerdo de colaboración?

—Odebrecht lo que hace es ofrecer colaboración, insistir en el ofrecimiento de colaboración y tratar de buscar los canales legales adecuados para que esa colaboración se concrete y sea eficaz en la República Argentina.

—¿Quiénes son los interlocutores? ¿Con quién habla la empresa?

—En primer lugar la compañía hizo presentaciones judiciales en las causas. Ya las primeras en el mes de mayo del año pasado. En segundo lugar, se ha reunido la empresa con funcionarios del Ministerio de Justicia y con representantes del Ministerio Público Fiscal designados por la procuradora general en ese momento, estamos hablando del año 2017; estamos en 2018.

—¿Se continúa negociando?

—El término negociación no es una palabra adecuada. Porque lo que sucede es que continúa, está abierta, la colaboración aportando o información o, digamos, distintos remedios procesales peticionando ante las autoridades lo que corresponde a cada autoridad. Y eso es permanente, está vigente en el tiempo.

—¿No está cerrada todavía ni la posibilidad de colaborar ni la negativa?

—Exactamente. No, no, el ofrecimiento a colaborar ni ha cesado ni va a cesar nunca. Ni hemos tenido una negativa a recibirla.

—¿La empresa continúa operando en el país?

—Sí, sí, está operando en la provincia de Córdoba para una obra importante de gas y está empleando actualmente a más de 1.500 personas.

—¿Pero si el Gobierno hoy hiciera alguna licitación puede contratarlos?

—No, en ese caso no. Si fuera el gobierno federal no porque el año pasado el Gobierno suspendió la renovación del Registro Nacional de Constructores, dependiente del Ministerio del Interior. Lo suspendió sorprendentemente por dos motivos: uno era la propia mención que hace la empresa en la memoria de los estados contables del año 2015 en donde menciona que tiene procesos pendientes en Brasil. Ese fue el motivo de la suspensión. Se recurrió en su momento y todavía no hemos obtenido ninguna contestación, lo que nos inhabilitaría para trabajar para el gobierno federal.

—¿A quién le pagó Odebrecht en Argentina?

—La empresa como yo le decía está haciendo todo lo posible para colaborar con la Justicia argentina para esclarecer los hechos de corrupción e identificar incluso el destino final de los fondos. Eso es todo lo que la compañía puede hacer. No está al alcance de Odebrecht hacer futurología respecto de qué va a pasar. Estamos ofreciendo desde hace un año, y vamos a seguir haciéndolo, la colaboración en beneficio de la Justicia argentina y en beneficio de la propia empresa como le estaba explicando.

—¿A quién le pagó sobornos en nuestro país?

—Yo lo entiendo, pero le pido disculpas. En Brasil toda esa información tiene un secreto judicial. No corresponde que haga ninguna suposición, conjetura o referencia a las investigaciones.

La entrevista completa:

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